Bloomberg Línea — Los bonos soberanos de El Salvador han continuado su desempeño positivo en las primeras semanas de 2025, extendiendo una racha alcista que se viene viendo desde 2023. Según un informe de EMFI Securities, los bonos salvadoreños registraron un rendimiento total del 3,8% en enero, superando el índice emergente de alto rendimiento en dólares de Bloomberg, que subió un 1,6% en el mismo periodo.
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El alza en los bonos ha sido impulsada, en parte, por la reciente aprobación de cambios en la Ley Bitcoin, lo que algunos analistas consideraban un paso clave para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El país que gobierna Nayib Bukele ha experimentado un sólido desempeño en los mercados de deuda en los últimos dos años. De acuerdo con EMFI Securities, los bonos soberanos salvadoreños obtuvieron un rendimiento total del 110% en 2023, seguido de un incremento del 28% en 2024.
En lo corrido del año, los papeles a lo largo de la curva vienen mostrando incrementos. Los bonos con vencimiento a 2030 han subido 16,46% en lo corrido del año, mientras que los de 2034 han ganado 3,91% desde principios de enero.
Este repunte ha llevado a que los bonos de El Salvador salgan de la categoría de “deuda en situación de estrés” y sean mejor calificados por las agencias de riesgo.
La agencia Fitch Ratings confirmó el año pasado esta mejora al elevar la nota de El Salvador a B- desde CCC+, destacando que la reducción de las necesidades de financiamiento y el acceso renovado a los mercados fueron factores clave en esta decisión.
Los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años, que miden el costo de asegurar la deuda salvadoreña ante un posible incumplimiento, también reflejan esa tendencia y muestran una caída de 106,4 puntos básicos en el año, la mayor entre los países de América Latina.
Richard Francis, analista de Fitch Ratings, destacó que la emisión de bonos que se realizó en diciembre de 2024 demostró que se ha recuperado cierto acceso a los mercados. “Emitieron un bono en diciembre y las tasas estuvieron por debajo del 10%, lo que mostró que tienen acceso al mercado”, dijo Francis.
El acuerdo con el FMI
El analista de Fitch Ratings agregó que el acuerdo que se alcanzó con el FMI, tras modificar la mencionada Ley Bitcoin, y el acceso al mercado están aliviando las presiones de financiamiento que el país venía enfrentando.
Entre los cambios que se aprobaron el año pasado en el régimen de criptomonedas estuvo la eliminación de la obligación de las empresas de aceptar bitcoin como medio de pago. Además, se estableció que las obligaciones financieras del Estado, tanto nacionales como internacionales, deberán ser pagadas en la moneda en la que fueron contraídas.
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Tras la aprobación de los cambios, en diciembre, el FMI anunció que se logró un acuerdo que permitiría un préstamo de US$1.400 millones, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad fiscal y externa del país, lo que ayudó al repunte de los bonos.
“El acuerdo (...) tiene como propósito implementar un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas”, según el comunicado que emitió el Fondo cuando se anunció el pacto.
Además, destacó la importancia de mejorar la gobernanza y la transparencia, mientras se mitigan los riesgos relacionados con bitcoin. “La aceptación de bitcoin por el sector privado será voluntaria y la participación del sector público en actividades relacionadas con bitcoin será delimitada”, dijo el FMI.
Para Mauricio Monge, analista de Oxford Economics, el acuerdo “era un paso muy importante”, a pesar de que aún se desconocen qué otras reformas se han negociado “ya que el staff report no ha sido publicado”.
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El FMI también señaló que el programa de consolidación fiscal se basa en la mejora del balance primario de alrededor del 3,5% del PIB en tres años. Esto incluirá reducción del gasto en bienes y servicios, recortes en la masa salarial del sector público y menor financiamiento a los municipios.
Francis aseguró que estarán pendientes a si los ajustes que harán serán suficientes para reducir los niveles de deuda, antes de hacer una nueva alza en la calificación crediticia.
Se prevé que estos ajustes fiscales generen condiciones favorables para una mayor estabilidad económica, lo que ha ayudado al repunte de los bonos.
En noviembre pasado, Moody’s también mejoró la calificación crediticia de El Salvador y elevó la nota soberana de Caa1 a B3. Según la agencia, la actualización reflejó una mejora en la liquidez del Gobierno, impulsada por operaciones estratégicas de recompra de bonos que han reducido significativamente las amortizaciones externas y aliviado las presiones de financiamiento a corto y mediano plazo.
Uno de los factores clave detrás de esta decisión fue la recompra de bonos por US$1.031 millones realizada en octubre, que le permitió al Gobierno salvadoreño generar un ahorro de US$352 millones.
Asimismo, el 12 de noviembre, el Gobierno lanzó una oferta pública para recomprar deuda externa por más de US$2.635 millones con vencimiento entre 2027 y 2034, lo que resultó en la recompra de US$388,1 millones en bonos.
Riesgos en el horizonte
No obstante, los analistas advierten que el atractivo de la deuda salvadoreña podría estar reduciéndose, debido a la combinación de desafíos económicos y una menor percepción de valor relativo en comparación con otros activos de mercados emergentes.
El informe de EMFI Secutiries señala que el gobierno de Nayib Bukele prevé alcanzar un superávit fiscal del 0,2%, aunque los analistas estiman que el país cerrará el año con un déficit del 0,5%, debido a los desafíos en la gestión del gasto público.
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Además, la desaceleración del crecimiento económico, proyectado en 2,5% para 2025, podría afectar la confianza de los inversionistas en el mediano plazo.
“Desde la parte fiscal, el gran problema radica en las pensiones, las cuales tienen un peso muy grande en el presupuesto y sería ideal que el gobierno y el FMI hayan negociado una reforma que le dé sostenibilidad al sistema de pensiones”, dijo Monge.
El analista de Oxford Economics advirtió que el gobierno recae mucho sobre los bancos y las pensiones para financiarse, “lo cual incrementa el riesgo de exposición en caso de que el gobierno entre en problemas de liquidez”.
Según Moody’s, la deuda de pensiones sigue en aumento, situándose en US$9.916 millones.
Desde la parte económica, Monge recordó que el país sigue dependiendo mucho de las remesas, las cuales representan un gran porcentaje del PIB. “Esa dependencia hace vulnerable al país”.
El año pasado, El Salvador recibió US$8.479,7 millones en remesas, un alza de 2,5% en comparación con 2023. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 1,62 millones de salvadoreños son beneficiados con este dinero, es decir, 25,66% de la población.
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En términos de financiamiento, Fitch Ratings destacó que las necesidades “seguirán siendo manejables en 2025 y 2026, respaldadas por la reducción del déficit y la disminución de las amortizaciones a corto plazo”.
Además, el FMI prevé que “la mejora en la administración fiscal y los esfuerzos de consolidación podrían generar condiciones favorables para una mayor estabilidad económica y crecimiento inclusivo”.
Sin embargo, Fitch Ratings advirtió sobre el alto nivel de deuda en relación con el PIB, proyectando que se mantendrá cerca del 87% en 2025.
“El nivel de deuda pública seguirá siendo un desafío estructural, aunque se espera una reducción gradual a partir de 2026 si se mantienen las políticas de consolidación fiscal”, indica el informe de la calificadora de riesgo.
Para Monge, El Salvador tampoco es ajeno a los riesgos que enfrentan el resto de los países de la región como los impactos de una guerra comercial y la posible deportación masiva de inmigrantes ilegales, pues no solo afectaría el envío de remesas, sino también su integración al mercado laboral en una economía que tiene problemas para crecer más allá del 2%.
