La Superintendencia del Mercado de Valores del Perú se encuentra en la etapa final de aprobación del nuevo reglamento operativo que permitirá a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) incorporarse formalmente a la integración de los mercados de Perú, Chile y Colombia.
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Este paso es considerado clave para materializar una integración que lleva años en discusión y que, según lo previsto, iniciará su fase operativa a partir de este año.
Los avances fueron confirmados por funcionarios de la Superintendencia a Bloomberg Línea, quienes detallaron el estado actual del proceso, los beneficios esperados para el mercado de capitales peruano y los desafíos técnicos y regulatorios aún pendientes.
El proyecto busca armonizar reglas de negociación, modernizar plataformas tecnológicas y facilitar el acceso de emisores e inversionistas en un mercado regional integrado.
Según Juan Pichihua Serna, superintendente del Mercado de Valores de Perú, el proceso refleja una visión de largo plazo orientada al crecimiento del mercado local a través de la cooperación regional.
“La posibilidad de tener un mercado más grande es un tema de beneficio regional, en particular, de beneficio para la economía peruana por las condiciones que presenta Perú con respecto a Chile y Colombia”, dijo el funcionario.
Reglamento operativo estará este mes
La aprobación de un reglamento que tenga normas uniformes de negociación, y que requiere la aprobación de cada regulador de los tres países, es el paso normativo que se está adelantando dentro del proceso de integración.
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Esta norma definirá las condiciones bajo las cuales la bolsa limeña operará utilizando un motor de negociación único, basado en tecnología de Nasdaq, compartido con las bolsas de Santiago y Bogotá.
El superintendente adjunto de Supervisión Prudencial, Omar Gutiérrez, le dijo a Bloomberg Línea que “se ha trabajado intensamente con la bolsa estos últimos meses y estamos en etapa final”, por lo que esperan tener lista la aprobación este mes como máximo.
Añadió que esta armonización se ha diseñado respetando las particularidades de cada país, como los horarios de negociación, pero manteniendo estándares comunes para la operativa.
“Estamos ya en la fase final para aprobar el reglamento de operaciones de la Bolsa de Valores de Lima para que actúe como parte de una bolsa integrada en términos operativos”, insistió Pichihua.
El funcionario explicó que el cronograma de Nuam Exchange, el holding regional que agrupará a las tres bolsas, contempla una “marcha blanca” o período de prueba de tres meses a partir de julio, tras lo cual se espera una entrada en funcionamiento efectiva de la plataforma regional.
Retos para intermediarios
Uno de los aspectos más complejos en el camino hacia un mercado bursátil integrado entre Perú, Colombia y Chile es el reconocimiento de intermediarios transfronterizos, es decir, las casas de bolsa autorizadas para operar en los tres países.
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Al respecto, Pichihua dijo que “tal vez este es el tema crítico para que ya funcione como un mercado integrado” y que les permita “operar como si estuvieran en casa a cualquier sociedad de agentes de bolsa de cualquier país”.
Esto, sin embargo, requiere resolver aspectos normativos aún en discusión entre los reguladores de los tres países, especialmente en lo que respecta a competencias sancionadoras.
“Esa es la parte que todavía se está coordinando, en particular por aquellos temas que pudieran implicar infracciones en un país, pero cometidas por intermediarios transfronterizos, y que no tendríamos facultades para sancionarlos, como sí las tiene el país que otorgó la licencia"
Juan Pichihua Serna, superintendente del Mercado de Valores del Perú
Gutiérrez agregó que el reconocimiento de intermediarios financieros transfronterizos no solo implica acuerdos de homologación operativa, sino también una reconfiguración del marco de supervisión entre los tres países.
Enfatizó que el mayor reto sigue siendo el de supervisión. “Cada supervisor tiene facultades territoriales, pero si una casa de bolsa chilena genera una infracción en Perú, hay que establecer claramente quién tiene competencia sobre qué aspectos”, dijo.
La preocupación principal es evitar “vacíos regulatorios o lagunas negras donde ninguno de los supervisores pueda intervenir”. Además, dijo que se requiere que los intermediarios puedan adecuar sus sistemas a las nuevas herramientas y a las nuevas reglas de negociación.
Cambios para inversionistas
Más allá del proceso de integración, la Superintendencia también impulsa un paquete de medidas normativas orientadas a facilitar el acceso al mercado de capitales peruano, tanto para emisores como para inversionistas.
Una de las principales iniciativas es la flexibilización del régimen MAV, que permite a medianas empresas emitir valores con menores requisitos de información inicial, postergando algunos costos operativos.
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Gutiérrez dijo que se ha buscado el menor impacto posible en el costo de ingreso inicial que tienen que afrontar las empresas y dispersarlos en el tiempo. “Pero ojo, el tema es dispersar el costo en el tiempo, pero no reducir información”, remarcó.
Silvia Sotomayor, superintendente Adjunta de Asesoría Jurídica, añadió que se está evaluando incrementar el monto de ingresos de las empresas que pueden entrar en este régimen. En este momento es de S/350 millones (US$93 millones), “pero queremos ampliar el monto para que más empresas puedan participar”.
Otro cambio que se plantea es la modernización del régimen de ofertas públicas de adquisición (OPA). Sotomayor destaca la reducción del plazo para lanzar una oferta, que pasará de seis a tres meses desde que se genera la obligación de realizarla.
Esta agilización será posible gracias a la eliminación de la etapa en la que la Superintendencia intervenía en la elección de la entidad valorizadora, lo que permitirá acortar los tiempos de procedimiento sin comprometer la transparencia ni los derechos de los inversionistas.
Otro ajuste relevante al régimen de las OPA será la obligación del directorio de la empresa objetivo de pronunciarse explícitamente sobre el precio ofrecido en la transacción, y no solo sobre las ventajas y desventajas generales de la operación, como ocurría hasta ahora.
Esos cambios están alineados con el proceso que inició Perú para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2022.
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Además, si algún director tiene una opinión divergente respecto al pronunciamiento del conjunto del directorio, deberá emitir un informe individual con las razones detalladas de su disconformidad.
“En el marco de las recomendaciones de la OCDE, hay la necesidad de ir homologando las mejores prácticas con los países vecinos, esas son las recomendaciones, por ejemplo, en las OPA”, dijo Pichihua.
Plataformas digitales
De cara al crecimiento proyectado del mercado, la SMV también está implementando un plan de transformación digital hacia 2027. Este contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la supervisión y detectar prácticas indebidas con mayor precisión.
Además, se está priorizando la supervisión de plataformas tecnológicas que han aparecido en el mercado y que han permitido reducir los costos de transacción para inversionistas. “Esos aplicativos necesitan supervisión”, dijo Gutiérrez.
El mercado de capitales peruano también ha enfrentado una reconfiguración en su base de inversionistas institucionales, a raíz de los sucesivos retiros de fondos de pensiones.
Pichihua dice que existen 24 proyectos de ley en el Congreso que buscan autorizar un octavo retiro, lo cual, según estimaciones de la SMV, implicaría una salida de hasta S/25.000 millones (US$6.670 millones), equivalente al 20% de los fondos disponibles en las AFP.
“Los inversionistas institucionales están buscando cada vez más activos líquidos para, por ejemplo, la AFP hacer frente a este eventual retiro (...) sí puede tener un impacto muy fuerte"
Juan Pichihua Serna, superintendente del Mercado de Valores del Perú
En este contexto, los fondos mutuos han retomado protagonismo como vehículos clave de inversión colectiva, alcanzando niveles récord tanto en volumen, con US$14.400 millones, como en número de participantes, con 450.000 personas.
Pichihua concluyó en que la Superintendencia debe trabajar en tener una mayor autonomía presupuestal, también de cara a las recomendaciones que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
