Bloomberg — La amplia orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ordena cambios importantes en la forma en que Estados Unidos registra a los votantes y cuenta las papeletas de voto por correo fue impugnada como inconstitucional en demandas separadas presentadas por el Comité Nacional Demócrata y un grupo de organizaciones sin fines de lucro.
La directiva de Trump, que por primera vez exigiría una prueba de ciudadanía para registrarse para votar y prohibiría el recuento de los votos por correo legales que lleguen después del día de las elecciones, amenaza con privar del derecho al voto a los electores y trastocar un sistema electoral que “ha resistido la prueba del tiempo”, dijo el DNC en su demanda.
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La demanda fue presentada en un tribunal federal de Washington por los demócratas, entre ellos el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, el de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y otros grupos, intensificando una creciente batalla entre el partido y el presidente republicano, de 78 años, por sus esfuerzos para ampliar su poder sobre el gobierno estadounidense.
“Los forjadores de nuestra Constitución federal previeron que líderes interesados y engreídos podrían tratar de corromper nuestro sistema democrático de gobierno para expandir y preservar su propio poder”, dijeron los demócratas. “Por lo tanto, crearon un sistema descentralizado de elecciones basado en poderes separados divididos entre los líderes elegidos por, y más cercanos a, el pueblo”.
Trump ha argumentado que los cambios sin precedentes, que podrían tener un gran impacto en las próximas elecciones, son necesarios para evitar el tipo de fraude electoral al que culpa falsamente de su derrota en 2020 frente a Joe Biden.
Un portavoz de la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Anteriormente, el lunes, una demanda similar fue presentada por organizaciones sin fines de lucro que representan a latinos, familias de militares y estudiantes universitarios.
“Según nuestra Constitución, el Presidente no dicta las normas electorales”, dijeron los grupos en su demanda. “Lo hacen los estados y el Congreso”.
Schumer y Jeffries dijeron que demandaron porque los cambios exigidos por la orden ejecutiva de Trump podrían afectar sus candidaturas a la reelección.
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“Estas lesiones no son meras preocupaciones ociosas para un día futuro”, dijeron en su demanda. “Llegan en la cúspide de al menos tres elecciones especiales al Congreso y dos elecciones a gobernador en los próximos meses”. Y dijeron que el ciclo de campaña para las elecciones de mitad de mandato de 2026 “ya está muy avanzado”.
Varios fiscales generales estatales demócratas dijeron la semana pasada que están explorando opciones legales para impugnar la orden ejecutiva, citando pruebas de estados liderados por demócratas y republicanos de que las elecciones estadounidenses ya son seguras y que el voto de los no ciudadanos es extremadamente raro.
Desafíos legales
Las nuevas demandas del lunes se encuentran entre las más de 175 que desafían las directivas de Trump, muchas de las cuales buscan estirar los límites del poder presidencial. Es probable que el Tribunal Supremo de EE.UU. tenga la última palabra en muchos de los casos, en particular en torno a la inmigración y los esfuerzos para reducir la fuerza de trabajo federal.
La primera demanda sobre la orden de Trump fue presentada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC, que representa a cientos de miles de miembros en docenas de estados. Los otros grupos en ese caso son la Iniciativa Familias Seguras y la Asociación de Estudiantes de Arizona, que se describen a sí mismas como organizaciones no partidistas que representan a miles de votantes.
Las organizaciones sin ánimo de lucro dijeron que Trump está pisoteando la autoridad de los estados para celebrar elecciones al exigir pruebas de ciudadanía. También afirman que el presidente no puede restringir el recuento de las papeletas de voto por correo marcadas para el día de las elecciones, aunque lleguen días después, una práctica permitida por más de una docena de estados.
“La orden es un ataque a los controles y equilibrios ordenados por la Constitución que mantienen las elecciones estadounidenses libres y justas”, dice la demanda. “A través de esta acción inconstitucional, el presidente se entromete en la autoridad de los estados y del Congreso para establecer normas electorales en un intento de hacer mucho más difícil para los ciudadanos estadounidenses elegibles ejercer su derecho fundamental al voto”.
Pasaportes, identificación real
La orden ejecutiva exige a la Comisión de Asistencia Electoral que modifique su formulario nacional de registro de votantes por correo para exigir por primera vez una prueba de ciudadanía, incluido un pasaporte estadounidense y otros documentos de identidad que cumplan la Ley de Identificación Real de 2005.
Según la demanda, solo alrededor de la mitad de los estadounidenses tienen pasaporte estadounidense, mientras que la mayoría de los documentos de identidad conformes con la Ley de Identificación Real “no indican que el titular sea ciudadano de Estados Unidos”. Los demandantes afirman que solo las versiones “mejoradas” del documento de identidad indican la ciudadanía, y solo se utilizan en cinco estados.
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Los grupos también están desafiando una disposición de la orden ejecutiva que amenaza con retener la ayuda financiera federal para administrar las elecciones de los estados que no sigan la orden de Trump.
El presidente también ordenó al fiscal general de EE.UU. que tome “todas las medidas necesarias” contra los estados que cuenten los votos por correo que fueron emitidos legalmente el día de las elecciones se reciban más tarde. Según la demanda, ni el presidente ni el fiscal general tienen esa autoridad.
“El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dicho que, aunque los votos deben emitirse antes del día de las elecciones, algunos aspectos del proceso electoral, como la tabulación de todos los votos, tendrán lugar naturalmente después del día de las elecciones”, dijeron los grupos. “El Congreso también ha reconocido la diferencia entre ‘recoger’ los votos por correo y ‘entregarlos’ a los funcionarios electorales para su tabulación”.
Los casos son Comité Nacional Demócrata contra Trump, 25-cv-952, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Columbia (Washington); Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos contra Oficina Ejecutiva del Presidente, 25-cv-946, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Columbia (Washington).
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