Bloomberg Línea — El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como contra otros altos mandos de su gobierno, por presuntas violaciones de derechos humanos que el régimen cometió contra manifestantes hace cuatro años.
Las medidas llegan en el aniversario de las multitudinarias protestas que se iniciaron el 11 de julio de 2021 en la isla, cuando miles de cubanos salieron a las calles en decenas de ciudades para exigir mejores condiciones de vida.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en X que las sanciones también se impusieron contra el ministro de Defensa cubano, Álvaro López Miera, el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas “y sus compinches, por su papel en la brutalidad del régimen contra el pueblo cubano”.
Estas sanciones prohíben la entrada a Estados Unidos a los tres funcionarios y a sus familiares directos.
Rubio criticó que “mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, agua, medicamentos y electricidad, el régimen despilfarra dinero entre sus allegados”.
Estas acciones son parte de la medidas que está implementando la Administración Trump hacia Cuba, descritas en el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional-5 del 30 de junio de 2025. Según Washington, el objetivo es continuar “defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba”, y dejar “en claro que ningún régimen dictatorial ilegítimo es bienvenido en nuestro hemisferio”.
Además de las designaciones a estos líderes clave del régimen en virtud de la Sección 7031(c), Estados Unidos también está tomando medidas para imponer restricciones de visado a numerosos funcionarios judiciales y penitenciarios cubanos “responsables o cómplices de la injusta detención y tortura de manifestantes de julio de 2021″, según el comunicado.
De igual forma, el Departamento de Estado actualizó la Lista Restringida de Cuba y la Lista de Alojamientos Prohibidos de Cuba para incluir 11 propiedades vinculadas al régimen, incluido el nuevo hotel Torre K de 42 pisos, “para evitar que los fondos estadounidenses lleguen a los represores corruptos de la isla”.
En reacción, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo en X que Estados Unidos “es capaz de imponer sanciones migratorias contra dirigentes revolucionarios y de mantener una guerra económica prolongada y despiadada contra Cuba, pero no tiene la capacidad de doblegar la voluntad de este pueblo ni de sus dirigentes”.
