Bloomberg — Estados Unidos impuso sanciones a una red de centros de estafas cibernéticas en el sudeste asiático, acusados de explotar a personas bajo trabajo forzado para ejecutar fraudes que cada año les cuestan miles de millones de dólares a los estadounidenses.
La acción del Departamento del Tesoro, anunciada el lunes, apunta a nueve entidades en Myanmar que, según dice, operan bajo la protección del ya sancionado Ejército Nacional Karen, así como a 10 en Camboya donde, según EE.UU., se obliga a los trabajadores a realizar estafas de inversión en moneda virtual.
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“La industria de la estafa cibernética del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna”, declaró en un comunicado de prensa John Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera. “El Tesoro desplegará todo el peso de sus herramientas para combatir la delincuencia financiera organizada y proteger a los estadounidenses de los cuantiosos daños que pueden causar estas estafas”.
El Departamento del Tesoro afirma que el año pasado los estadounidenses perdieron más de US$10.000 millones a causa de estafas basadas en el sudeste asiático.
La medida es la última de una serie de acciones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para hacer frente a lo que denomina un aumento del fraude cibernético a gran escala que ha proliferado en el sudeste asiático. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, a menudo se atrae a los solicitantes de empleo a los campos de trabajo con falsos pretextos y luego se les obliga bajo amenaza de violencia a realizar campañas de fraude en línea.
“Utilizando la servidumbre por deudas, la violencia y la amenaza de la prostitución forzada, los estafadores obligan a las personas a estafar a desconocidos en línea mediante aplicaciones de mensajería o enviando mensajes de texto directamente al teléfono de una víctima potencial”, dijo el Tesoro.
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Las operaciones, que crecieron en medio de la pandemia, han llamado cada vez más la atención en los últimos meses tras una serie de medidas enérgicas en la región, con miles de detenidos.
Sin embargo, los defensores de los derechos humanos culpan al gobierno camboyano de no hacer más, y Amnistía Internacional acusó en junio a las autoridades de Phnom Penh de “ignorar deliberadamente” los abusos contra los derechos humanos relacionados con los centros de estafa.
Si bien las estafas individuales pueden variar, tienen un propósito común: estafar a las víctimas y robarles sus ahorros. Las primeras acciones pueden realizarse mediante mensajes de texto o directos, e incluso llamadas a un supuesto número incorrecto, pero pueden escalar rápidamente, animando a las víctimas a compartir el acceso remoto a sus dispositivos electrónicos e instalar software. En una práctica conocida como “matanza de cerdos“, los perpetradores buscan persuadir a las víctimas para que inviertan en moneda virtual u otras inversiones fraudulentas, aumentando así el botín potencial y el daño.
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