Bloomberg Línea — Una política migratoria más restrictiva a raíz de las partidas presupuestales incluidas en el plan fiscal podría “afectar seriamente” a sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, que dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes como los latinos.
Así lo alertó Ramiro A. Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, en conversación con Bloomberg Línea.
La inclusión de partidas y presupuestos para implementar la política migratoria restrictiva de Trump podría, en consecuencia, aumentar el desempleo en la región y reducir el valor de las remesas, lo que golpearía también a Latinoamérica.
“Estas personas desempeñan un papel esencial en la prosperidad económica continua, no sólo de estas industrias, sino también de las economías locales donde viven y trabajan, desde labores en el campo hasta el cuidado de niños y la gestión de pequeños negocios”, dijo Cavazos, líder de la que es considerada la organización empresarial hispana más grande de Estados Unidos.
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“Limitar su presencia interrumpe las operaciones, reduce la productividad y puede generar escasez de mano de obra en momentos críticos para la economía”, explicó Cavazos.
Al prescindir de trabajadores que contribuyen activamente a la economía formal —ya sea a través de los impuestos que pagan, el dinero que gastan en comercios locales o los roles esenciales que desempeñan— estas medidas “podrían desestabilizar” precisamente a las empresas e industrias que dependen de ellos para funcionar".
El plan fiscal de Trump incluye medidas contra la inmigración ilegal, que van desde tasas del 1% sobre las remesas enviadas desde el país, hasta nuevas inyecciones financieras para construir más centros de detención e infraestructuras en la frontera sur, incluida la continuación de la construcción del muro fronterizo.
El plan fiscal de Trump incluye un gasto total a 10 años de US$150.000 millones para llevar a cabo su agenda de inmigración y control fronterizo. Como parte de ese gasto, se incluyen US$45.000 millones de para centros de detención y casi US$47.000 millones para infraestructuras en la frontera sur.
De acuerdo a cifras del Gobierno analizadas por Bloomberg, alrededor de 60 cárceles y prisiones locales, estatales y federales adicionales ya han comenzado a albergar a inmigrantes recién arrestados que se enfrentan a la deportación desde la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero.
El denominado “Big Beautiful Bill” también impone restricciones al acceso de algunos inmigrantes a los créditos fiscales para seguros de salud, lo que afectaría a muchas personas que necesariamente no se encuentran de manera irregular en el país y que han recibido asilo o tienen estatus de protección temporal, pues quedarían excluidas de estos beneficios.
El plan fiscal de Trump también podría elevar los costos de producción en EE.UU. y generar mayor inflación, además de intensificar las tensiones con América Latina, especialmente con México y países de Centroamérica, dijo a este medio Joan Enric Domene, economista jefe para la región en la consultora Oxford Economics.
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“El plan fiscal se usará para financiar las políticas nacionalistas del presidente Trump, por lo que seguirá generando tensiones con otros países en temas de migración y comercio, especialmente en industrias como la automotriz”, dijo Domene.
Coincide en que estas medidas tendrían como resultado la escasez de trabajadores en otros sectores como la hotelería y el personal de restaurantes, que suelen depender de mano de obra de migrantes sin autorización legal en el país, detalló.
Esto puede crear presión inflacionaria al aumentar los costos laborales en EE.UU., en un momento en el que la incertidumbre por el futuro de las tasas de interés sigue generando presiones en la mayor economía del planeta.
“También tendrá un efecto aún más negativo para los migrantes, que se verán obligados a vivir en una mayor clandestinidad y los condenarán a unas peores condiciones laborales”, según Domene.
Según explicó Domene, la migración es la vía tradicional de escape de la región en momentos de crisis.
“El endurecimiento de barreras supone un aumento del desempleo en la región (al acumularse un mayor número de fuerza laboral que no encuentra empleo) y menores ingresos de remesas”, dijo el analista de Oxford Economics.
Thedore Kahn, director para la Región Andina de la consultora Control Risks, explicó a Bloomberg Línea que todo dependerá de la escala de las eventuales deportaciones.
“En la campaña, Trump prometió deportar ‘millones y millones’ de migrantes, pero esto sería muy difícil lograr", dijo Kahn. “El escenario más probable es un impacto económico focalizado en regiones y sectores donde más concentración de mano de obra de migrantes hay”.
Trump pone la migración en lo más alto de su agenda
La propuesta de la construcción de nuevos centros de detención y el muro de fronterizo reflejaría nuevamente que el tema migratorio es la principal prioridad de la administración en la política doméstica y extranjera de EE.UU.
Según Kahn, esto “quiere decir que va a ser un tema medular en las relaciones bilaterales con los países de la región, sobre todo México y Centroamérica. La cooperación con la agenda migratoria de EE.UU. va a ser una condición esencial para mantener relaciones sólidas y evitar crisis”.
Kahn cree que esto, a su vez, puede generar desafíos en el ámbito político doméstico para gobiernos de la región, que pueden enfrentar resistencia y rechazo al prestarse a las propuestas más agresivas de Trump. “Corren el riesgo de parecer doblegarse frente a Trump y no defender la dignidad de los compatriotas”, dijo.
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Las presiones fiscales se mantienen a toda costa
El déficit fiscal en EE.UU. se constituye en una de las principales preocupaciones en la actualidad en el país y existen dudas de que el plan de Trump logre ajustar el actual desequilibrio.
Según opinó el analista de la consultora Control Risks, “estas políticas no van a contribuir a mejorar el grave escenario fiscal que enfrenta el país. El paquete económico que se acaba de aprobar en el Congreso puede aumentar la deuda del gobierno federal en US$3 a US$5 billones en la próxima década”.
La respuesta de Trump frente a estas advertencias es que un mejor crecimiento económico, generado por sus medidas, va a subsanar la situación fiscal.
En todo caso, Kahn advierte que “la política de deportaciones masivas perjudicará el crecimiento económico de mediano plazo” en EE.UU., ya que desalentará la llegada de migrantes con distintos niveles educativos, lo que afectará negativamente la productividad y las perspectivas de crecimiento del país.
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Desde Control Risk indican que el principal riesgo de corto plazo es una disminución de las remesas.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la relación entre el PIB y las remesas alcanzó el 2,3% en Latinoamérica en 2024, ligeramente menor al 2,5% observado el año anterior y en los últimos 5 años.
Las remesas como proporción del PIB 2024 fueron del 9,2% en los países del Caribe, mientras en México fueron del 3,2% y en Sudamérica del 0,7%.
Una política de deportaciones masivas a lo largo de los cuatro años tendría un impacto macroeconómico significativo en estos países más dependientes de estos flujos.
Trump también ha amenazado en varias ocasiones de prohibir la transferencia de dinero de migrantes no documentados al extranjero, aunque no es claro que tenga las competencias legales para hacerlo, según Kahn.
Moody’s prevé que “el déficit fiscal del Gobierno federal se ampliará hasta cerca del 8,5% del PIB en 2035, desde alrededor del 6,3% en 2025”, debido al aumento de los pagos de intereses y de los costes de los derechos relacionados con la sanidad, de acuerdo un informe citado por Bloomberg.
En mayo, Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia de EE.UU. por el aumento de la deuda pública de Aaa a Aa1.
De esta forma se unió a Fitch Ratings y S&P Global Ratings en calificar a la mayor economía del mundo por debajo de la máxima, la triple A.
“Aunque reconocemos las importantes fortalezas económicas y financieras de EE.UU., creemos que estas ya no contrarrestan plenamente el deterioro de las métricas fiscales”, escribió Moody’s en un comunicado.
