Bloomberg — La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró escéptica ante los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, ya que magistrados clave sugirieron que se había extralimitado en sus funciones con su emblemática política económica.
En una sesión de argumentos que duró más de dos horas y media el miércoles, tres miembros de la mayoría conservadora del tribunal cuestionaron el uso que hizo Trump de una ley de poderes de emergencia para recaudar decenas de miles de millones de dólares en aranceles al mes.
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El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que los aranceles eran una “imposición de impuestos a los estadounidenses y que ese siempre ha sido el poder fundamental del Congreso”. El juez Neil Gorsuch también indicó que probablemente votaría en contra del presidente, y Amy Coney Barrett, otra nominada por Trump, formuló preguntas incisivas a ambas partes.
Una decisión en contra de Trump podría obligar a realizar reembolsos por más de US$100.000 millones, eliminar una importante carga para los importadores estadounidenses que pagan los aranceles y debilitar una herramienta indiscriminada que el presidente ha utilizado contra sus socios comerciales.
En términos más generales, representaría, por mucho, el mayor revés de la Corte Suprema contra las pretensiones de Trump de ejercer poderes que exceden con creces los reclamados por sus predecesores en la Casa Blanca.
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Los tres magistrados liberales del tribunal también expresaron dudas sobre la legalidad de los aranceles. Podría emitirse un fallo a finales de año, dado el calendario extremadamente acelerado que la Corte Suprema ha establecido hasta ahora.
El caso gira en torno a los aranceles del 2 de abril, denominados “Día de la Liberación” por Trump, que imponen impuestos del 10% al 50% a la mayoría de las importaciones estadounidenses, dependiendo del país de origen.
Trump afirma que estos aranceles están justificados para abordar el déficit comercial nacional, que se arrastra desde hace tiempo. La disputa ante el Tribunal Supremo también abarca otros aranceles que Trump afirma haber impuesto a Canadá, México y China para combatir el tráfico de fentanilo.
Autoridad cuestionada
Trump afirma que sus aranceles están autorizados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), una ley que otorga al presidente una amplia gama de herramientas para abordar emergencias de seguridad nacional, política exterior y económicas.
La IEEPA, como se conoce a la ley, no menciona los aranceles entre esos poderes, aunque una disposición clave establece que el presidente puede “regular” la “importación” de bienes para hacer frente a una crisis.
Gorsuch manifestó su alarma ante el alcance de la afirmación del gobierno de Trump de que el Congreso había delegado su autoridad constitucional sobre los aranceles al presidente.
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Según la lógica del gobierno, “¿qué impediría al Congreso simplemente abdicar de toda responsabilidad de regular el comercio exterior —y, por qué no, declarar la guerra— y delegársela en el presidente?”, preguntó Gorsuch al procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, el principal abogado del gobierno ante la Corte Suprema.
Posteriormente, Gorsuch preguntó si un presidente podría imponer un arancel del 50% a los automóviles y autopartes que funcionan con gasolina para combatir el cambio climático. Sauer respondió que sí.
Barrett cuestionó si la redacción del estatuto era suficiente para permitir que el presidente implementara aranceles.
“¿Puede usted señalar algún otro lugar del código o algún otro momento de la historia en el que esa frase, junto con ‘regular la importación’, se haya utilizado para conferir autoridad para imponer aranceles?”, preguntó Barrett a Sauer.
Pero Barrett también se unió al juez Brett Kavanaugh para cuestionar si los argumentos de quienes impugnaban los aranceles tenían sentido, dado que la IEEPA autoriza al presidente a suspender por completo el comercio con un país extranjero. Ambos preguntaron por qué el Congreso podría impedir que el presidente tomara la medida más limitada de imponer aranceles.
“Eso me parece un poco inusual”, dijo Kavanaugh.
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Roberts indicó que consideraba que el caso se regía por la doctrina de las cuestiones fundamentales, una norma jurídica que el tribunal utilizó repetidamente para frustrar la agenda de Joe Biden cuando era presidente. Según esta doctrina, las agencias federales necesitan la autorización explícita del Congreso para emprender acciones que tengan una gran trascendencia económica o política.
“La justificación se está utilizando para otorgar el poder de imponer aranceles a cualquier producto de cualquier país, en cualquier cantidad y durante cualquier período de tiempo”, dijo. “Parece que se trata de una gran autoridad”.
El tribunal está considerando dos demandas separadas presentadas por pequeñas empresas, además de una tercera demanda interpuesta por doce fiscales generales estatales demócratas. Los tres tribunales inferiores que se han pronunciado sobre el asunto han declarado ilegales los aranceles.
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Los debates sobre los aranceles fueron un tema candente en Washington. Entre los asistentes de la administración se encontraban el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
Entre los miembros del Congreso figuraban los senadores demócratas Amy Klobuchar y Ed Markey, y el representante republicano Jason Smith. El humorista John Mulaney también estuvo presente.
En caso de que Trump pierda, funcionarios de su administración afirman que la mayoría de los aranceles podrían imponerse mediante otros instrumentos legales más complejos. Los aranceles que Trump impuso al acero, el aluminio y los automóviles se establecieron bajo una ley diferente, por lo que no se ven directamente afectados.
Los casos son Trump v. VOS Selections, 25-250 , y Learning Resources v. Trump, 24-128.
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