Bloomberg — Un tribunal federal de apelaciones autorizó el miércoles a la administración Trump a despedir a miles de empleados federales en 20 agencias estadounidenses, levantando una orden de un tribunal inferior que había bloqueado los despidos masivos.
En una orden de 2-1, la Corte de Apelaciones del 4to Circuito de EE.UU. sostuvo que era probable que la administración tuviera éxito contra un caso presentado por funcionarios de 19 estados y de Washington, DC. Los fiscales generales demócratas habían impugnado los despidos de trabajadores federales con estatus de prueba. Un juez federal de Maryland emitió una orden judicial que se aplicó en las jurisdicciones que demandaron.
Es la última decisión que refuerza los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducir drásticamente el tamaño de la plantilla federal. La mayoría del 4º Circuito citó una orden del martes de la Corte Suprema de EE.UU., que puso en pausa un fallo diferente de un juez federal de California que había bloqueado el despido de empleados a prueba en seis agencias de EE.UU. en todo el país.
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Los empleos de decenas de miles de trabajadores federales están en juego en los dos casos. El estado de prueba significa que un trabajador de una agencia lleva en su puesto menos de uno o dos años, según el trabajo, pero incluye a empleados de larga duración con ascensos recientes.
Los funcionarios estatales podrían pedir al pleno del 4º Circuito que reconsidere la decisión del panel o solicitar la intervención del Tribunal Supremo. Un portavoz de la oficina del fiscal general de Maryland, que encabezó la coalición de impugnadores, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia tampoco respondieron de inmediato.
El panel del 4º Circuito se dividió sobre si la orden del Tribunal Supremo a principios de semana en el caso de California era relevante. La jueza Allison Rushing, nombrada por Trump en su primer mandato, argumentó que las órdenes judiciales son “similares”. A ella se unió el juez J. Harvie Wilkinson, nominado por el expresidente Ronald Reagan.
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El juez DeAndrea Benjamin disintió, escribiendo que la orden del alto tribunal se basaba en alegaciones específicas planteadas por los sindicatos y las organizaciones sin ánimo de lucro que demandaron en California sobre cómo se vieron afectados por los despidos masivos. Los estados y Washington presentaron diferentes tipos de alegaciones para respaldar su legitimación para comparecer ante el tribunal, por lo que la orden anterior del Supremo no debería dictar el resultado, escribió Benjamin, que fue nombrada por Joe Biden.
Rushing y Wilkinson también consideraron que la administración sufriría un perjuicio a menos que el tribunal interviniera porque está pagando a los empleados reincorporados y no es probable que recupere esos fondos si finalmente gana el caso. Rushing citó otra orden reciente del Tribunal Supremo que citaba preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para recuperar el dinero en un caso que desafiaba los recortes de Trump a la financiación federal de los programas de formación del profesorado.
El caso es Maryland contra el Departamento de Agricultura, 25-1248, Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito (Richmond).
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