Es difícil de creer que la política comercial de Estados Unidos pueda ser más confusa, pero así ha sido.
La decisión judicial de la última semana, que consideraba ilegales muchos de los aranceles impuestos por la Casa Blanca, solo ha agravado la incertidumbre a la que se enfrentan las compañías y los socios comerciales de EE.UU. No obstante, lo que sí es evidente es que la decisión no ha disuadido a la administración de su objetivo de remodelar la política comercial global.
Esa es una misión que corresponde al Congreso, que deberá reafirmar su autoridad sobre la política comercial.
El hasta ahora poco conocido Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., que se dedica fundamentalmente a litigar disputas aduaneras, determinó que la Casa Blanca se equivocó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) en apoyo de sus aranceles del “Día de la Liberación”.
Según los jueces, los aranceles pretendían, de acuerdo con los propios abogados gubernamentales, ejercer presión sobre los socios comerciales, un propósito que difícilmente justifica la afirmación de que el país se halla ante una situación de emergencia, como lo exige la ley.
La principal interrogante constitucional, a saber, si la Casa Blanca puede decretar una “emergencia nacional” con fines de política comercial y adoptar las medidas que estime oportunas, está lejos de resolverse.
Un tribunal de apelación ha suspendido la sentencia del 28 de mayo mientras estudia los argumentos. A su debido tiempo, se presume, la Corte Suprema decidirá. Sin embargo, puede estar seguro de que no se reanudará el comercio como es habitual mientras se resuelve este tema.
Para empezar, los funcionarios cuentan con muchas otras herramientas de política comercial que pueden utilizar en lugar de la IEEPA. Incluso si la nueva resolución se mantiene, las perspectivas arancelarias podrían no cambiar mucho.
Los llamados aranceles de la Sección 301 sobre muchas importaciones procedentes de China, destinados a abordar las violaciones de los acuerdos comerciales existentes, siguen vigentes.
Asimismo, los aranceles de la Sección 232 sobre el acero, el aluminio y los automóviles, supuestamente para abordar las amenazas a la seguridad nacional, y los aranceles de la Sección 201 sobre los paneles solares, diseñados para “salvaguardar” a las industrias nacionales de “daños graves”.
La administración, que ya ha anunciado la duplicación de los aranceles al acero y al aluminio, podría ampliar el alcance de todas estas sanciones. También podría recurrir al Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza aranceles temporales para abordar déficits de balanza de pagos considerables y graves.
Mientras tanto, es probable que la influencia del gobierno en las negociaciones se vea debilitada.
Las conversaciones con China ya parecen estancadas. Las pausas arancelarias anunciadas previamente podrían tener que extenderse, y los socios comerciales tendrán menos presión para llegar a un acuerdo. (El Reino Unido, uno de los primeros en llegar a un acuerdo, ya tiene uno. El fallo del tribunal podría anularlo, ya que mantiene vigente el llamado arancel base del IEEPA).
Otra distracción: las empresas podrían demandar para recuperar parte de los aranceles que ya han pagado, si finalmente se confirma la ilegalidad de dichas medidas.
Si la idea era maximizar la incertidumbre bajo la que los productores estadounidenses están obligados a operar, aplastando la inversión, destruyendo la confianza del consumidor y llenando los bolsillos de los litigantes en materia de política comercial, sería difícil lograr algo mejor.
La culpa no solo recae en la Casa Blanca, sino también en el Congreso.
Durante años, los legisladores han eludido su responsabilidad constitucional de supervisar los aranceles, que se encuentran dentro de sus competencias tributarias. Tanto en política comercial como fiscal, los legisladores deberían empezar a hacer su trabajo, y el gobierno debería priorizar la cooperación y la prosperidad sobre la guerra comercial.
El caos actual no beneficia a nadie, y menos aún a Estados Unidos.
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