La promesa del presidente Donald Trump de reducir los niveles de inmigración colisiona de frente con su otro objetivo: una economía pujante que devuelva a EE.UU. la industria manufacturera y la inversión extranjera.
No puede obtener ambas cosas, aunque no parece comprenderlo. Tal vez por eso, su administración sigue planteando, y luego retirando, la posibilidad de excepciones especiales para los inmigrantes indocumentados que trabajen en determinados sectores.
Por meses, Trump ha fluctuado entre deportaciones despiadadas que han congelado la inmigración legal e ilegal y las promesas poco claras respecto a excepciones para las industrias afectadas. Ningún plan claro se ha materializado.
Las contradictorias señales están provocando un nivel intolerable de confusión tanto para empresas como para los posibles trabajadores, con consecuencias negativas para la economía de Estados Unidos.
Ya sea en el sector hotelero, la construcción, la agricultura o la industria manufacturera, la economía exige una mano de obra abundante. EE.UU. es un país con una población envejecida. Si se frena la inmigración, los cálculos sencillamente no cuadrarán.
La conflictividad quedó en evidencia el 4 de septiembre, durante una redada en una planta de Hyundai-LG en Georgia. Se detuvieron aproximadamente 500 personas, entre las que se encontraban cientos de ingenieros y técnicos de Corea del Sur. La consecuencia ha sido un desastre diplomático, y los surcoreanos han catalogado el incidente como “una humillación nacional”.
El Gobierno de Corea del Sur ha iniciado su propia investigación sobre los posibles abusos de derechos humanos y su presidente se está cuestionando si se deben continuar con las inversiones a futuro.
Este incidente parece, finalmente, haber causado un gran susto a Trump y a otros funcionarios de su administración.
En una reciente publicación en Truth Social, Trump se pronunció en un tono casi suplicante, al decir que “no quiero ahuyentar ni desincentivar la inversión en EE.UU. de países o empresas extranjeros”. “Las acogemos con agrado, damos la bienvenida a sus empleados y estamos dispuestos a decir orgullosamente que aprenderemos de ellos”.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau visitó posteriormente Seúl para recalcar este mensaje.
La redada en Georgia constituye otro ejemplo más de la contradicción en los objetivos de esta administración.
¿Tan difícil habría sido para el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) colaborar con los directivos y empleados de la compañía para resolver los problemas de visado de unos trabajadores que, a todas luces, eran temporales y estaban allí con un propósito específico? No hay necesidad de jugar al “te pillé”.
Las relaciones comerciales entre Georgia y Corea del Sur se remontan a hace varias décadas, y este era un proyecto de gran importancia para ambas partes. Es probable que las administraciones anteriores, distintas a la de Trump, hubieran resuelto cualquier problema sin tanto drama, algo que parece no habérsele ocurrido nunca a esta Casa Blanca.
No se trata solo de la inversión extranjera. Las empresas de Estados Unidos que dependen de la mano de obra inmigrante se enfrentan a una grave escasez de trabajadores.
Ya en junio, Trump insinuó la posibilidad de “pases temporales” que permitirían a los inmigrantes trabajar en ciertos negocios, como granjas y hoteles.
En aquel momento, declaró sin tapujos: “Estoy en ambos bandos. Soy el defensor más firme de la inmigración que ha existido, pero también soy el defensor más firme de los agricultores que ha existido”. (Según informes del Washington Post y el New York Times, la Organización Trump ha empleado en el pasado a trabajadores indocumentados en casi una docena de sus propiedades, incluyendo hoteles, campos de golf y su bodega).
No obstante, el presidente continúa teniendo dificultades para aportar claridad en un momento en el que se requiere claridad.
Este mismo viernes se generó más confusión con las sorpresivas restricciones impuestas por Trump al programa de visados H-1B para trabajadores extranjeros cualificados, que incrementan los costes de patrocinio para las compañías a US$100.000 por trabajador.
Dichos trabajadores se han convertido en un elemento básico de la contratación en los sectores de la tecnología, la ingeniería y otros, y la comunidad empresarial entró en pánico, al desconocer si se aplicaba a los trabajadores existentes (no es el caso) o si los costes eran realmente, como afirmó en un principio el secretario de Comercio Howard Lutnick, anuales para los visados de tres años.
Como es costumbre, el equipo de Trump pasó el fin de semana realizando tareas de aclaración, emitiendo comunicados y correcciones.
Las deportaciones masivas y otras restricciones han tenido un efecto disuasorio yse han convertido en un factor de la desaceleración económica.
El Instituto Peterson de Economía Internacional, al analizar los datos de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo de EE.UU., señaló que el crecimiento del empleo en la construcción, la hostelería, la restauración y la atención médica domiciliaria se ha mantenido estancado en 2025.
Antes de la represión, el crecimiento del empleo en las industrias que dependen de inmigrantes no autorizados se mantuvo al ritmo del resto del sector privado.
El Instituto Peterson también concluyó que la promesa de campaña de Trump, que reprimir la inmigración ilegal aumentaría la oferta de empleo para los trabajadores estadounidenses, todavía no se ha cumplido. La disminución de las tasas de inmigración no ha logrado aumentar la tasa de empleo entre los nacidos en EE.UU.
A inicios de esta semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, estableció una relación directa entre las severas restricciones migratorias de Trump y el debilitamiento de la economía.
Al preguntársele por qué se había desplomado la contratación, Powell respondió: “Eso tiene mucho más que ver con el cambio en la inmigración... Hay muy poco crecimiento, si es que hay alguno, en la oferta de trabajadores”. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que 290.000 inmigrantes serán expulsados para 2029, lo suficiente como para reducir la fuerza laboral y afectar el crecimiento del PIB.
Trump podría tomar medidas prácticas para alcanzar un punto medio.
La principal es algo que ha evitado cuidadosamente: negociar con el Congreso para desarrollar vías legales para la mano de obra inmigrante que este país necesita. También podría ordenar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que fortalezca y mejore los programas de visas temporales, algo que planteó en una reunión de gabinete en abril.
Podría frenar las voces más duras de su administración, como la del subjefe de gabinete Stephen Miller, cuya influencia ha llevado el debate sobre la inmigración a un terreno polémico.
La semana pasada, Trump se dirigió a los nuevos ciudadanos con un mensaje inusualmente acogedor y conciliador, elogiándolos por “forjar un vínculo sagrado con nuestra nación” y recordándoles que “nuestra historia es ahora su historia” y que la Constitución era suya “para salvaguardarla, honrarla y respetarla”.
Esas son palabras hermosas e inspiradoras. Pero de poco servirán si no están respaldadas por acciones y claridad.
Los inmigrantes han sido y siguen siendo el alma de Estados Unidos. Denles la dignidad de una vía legal para entrar a este país y den a las empresas la seguridad de saber que sus trabajadores están autorizados a permanecer aquí.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
Lea más en Bloomberg.com
