Bloomberg Línea — Los bolivianos saldrán a las urnas el domingo con la esperanza de encontrar soluciones a una difícil situación económica, marcada por una inflación anual de casi el 25%, un alza constante en los precios de la canasta familiar, y un fuerte desequilibrio fiscal y monetario.
La población se enfrentará a medidas drásticas que tendrá que tomar el nuevo presidente electo, quien además deberá poner en cintura a un gasto público que parece desbordado, solucionar el desabastecimiento de combustibles y empujar una economía con una informalidad cercana al 70%.
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Analistas políticos consultados por Bloomberg Línea dijeron que cualquier medida que se tome será impopular, tanto que creen que buena parte del éxito de la gestión económica tendrá que ver con el timing para presentar las reformas y la comunicación y pedagogía para venderlas.
“El siguiente gobierno va a tener que lidiar socialmente con paros, bloqueos, manifestaciones y, sobre todo, tomando en cuenta un país polarizado, donde ningún candidato tiene un electorado fiel y convencido de sus propuestas”, dijo Amples Regiani, analista y experto en redes sociales.
“Va a tener que haber un proceso educativo para que la población entienda esas medidas. Hay muchas malas noticias que dar y el cómo se dan esas malas noticias, en qué orden y con qué nivel de gradualidad son tan importantes como las mismas noticias”, agregó.
Una agenda de cambios
El economista Jorge Akamine, director de la Confederación de Profesionales de Bolivia, cree que los primeros dos años y medio del período presidencial de cinco, van a ser complicados porque la gente espera que baje la inflación, pero hacerlo requiere de un proceso relativamente largo.
“El nuevo gobierno tendrá que afrontar inmediatamente la inflación, hacer una reestructuración del Estado para hacerlo más eficiente”, dijo Akamine.
La inflación ha sido jalonada por el encarecimiento del dólar y la escasez de divisas, que ha dificultado la importación de bienes e insumos y ha terminado encareciendo los precios en el mercado, entre otras razones.
Para el economista Gonzalo Chávez, profesor de la Escuela de Producción y Competitividad de la Universidad Bolivariana, se pueden tomar medidas muy a corto plazo que pueden hacer la diferencia en la vida de la gente, como regularizar el suministro de gasolina y diésel y hacer que el dólar baje un poco, a una tasa de cambio más realista, entre 10 y 12 bolivianos por dólar.
Eso, dice, podría generar un periodo de esperanza en la población para que haya confianza con respecto a las medidas antinflacionarias y que mejorarían la economía en el mediano plazo.
El gobierno de Luis Arce lleva más de un año sin poder garantizar la suficiente importación de gasolina y diésel que requiere la población boliviana. Las filas de horas, e incluso días, para cargar combustible se han vuelto parte de la vida cotidiana de los bolivianos.
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Una tasa de cambio estable
Varios economistas dicen que mantener tasa oficial de 6,96 bolivianos por dólar, desde 2011 hasta hace un año, fue una medida que afectó las reservas del Banco Central de Bolivia lo que, sumado a un alto gasto público, terminó por devaluar la moneda (dólar blue).
“Ninguna moneda tiene un cambio fijo, todas deben fluctuar en el mercado”, dice el economista Akamine. “La segunda tarea, casi inmediata, con el golpe de confianza que puede tener un nuevo gobierno, será la estabilización de tipo de cambio”.
“Quizá ver una opción rápida de saltar a un tipo de cambio flexible ya que un tipo de cambio fijo es insostenible hace mucho tiempo”, agregó.
Bonos y subsidios eficientes
“Salidas técnicas, económicas, hay... sin importar quien entre a gobernar”, dice el profesor González. “El problema es que se logre gobernabilidad en la Asamblea (Congreso) y en las calles. El nuevo gobierno va a tener que ser buscar el apoyo popular para aprobar las diferentes leyes y medidas creando mecanismos de amortiguamiento que cuiden a los grupos más vulnerables”.
González señala que los bonos, seguros médicos de corto plazo, combustible a menor precio para sectores vulnerables y otras medidas de protección social serán claves para que el nuevo gobierno recupere la confianza que dice que se perdió en el Estado.
Actualmente, el gobierno otorga una serie de bonos como el Juancito Pinto, que ayuda con útiles escolares a cada niño y subsidia alimentos para mujeres gestantes.
Mantener medidas de este tipo para sectores vulnerables, pero con una mejor gestión estatal y eficiencia, es la propuesta a la que hace referencia el economista González.
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En el país además existe un seguro universal de salud llamado SUS, que tiene muchas limitaciones y muy pocos centros de salud de primer nivel. Un mejor sistema de salud es una de las demandas sociales más fuertes.
Confianza, inversión y explotación de gas
Economistas consultados dicen que el país se ha quedado sin reservas y sin dólares debido al elevado gasto público de los gobiernos de Arce y Evo Morales (2006-2019) así como por subsidiar durante años el precio de los combustibles.
“El gobierno de Luis Arce nunca hizo un plan económico real, se dedicó a apagar incendios, y si lo explicamos en términos de economía personal, lo que hizo fue sacarse tarjetas de crédito y gastar mucho más de lo que podía”, dice Akamine. “Las subvenciones y gastos estatales fueron casi dogmáticos en su gobierno”.
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Para lograr un cambio en el primer año de gobierno, los analistas coinciden en que se debería reformar las leyes tributarias, laborales y de empresa, para restablecer una seguridad jurídica, que creen perdida, para atraer inversión.
También dicen que Bolivia necesita con urgencia inversión en el sector gasífero. El economista Álvaro Ríos lleva años advirtiendo que se dejó de hacer exploración y que los malos manejos de la estatal YPFB hicieron que su exportación bajara del 54% al 18,8% en la última década.
Según datos oficiales, en 2014, YPFB recibió US$6.011 millones por la exportación de 17.608 MMm3 de gas natural. El año pasado, el flujo de los ingresos cayó a US$2.050 millones por la venta de 8.062 MMm3.
Ríos dice que si se reactiva la exportación de gas se podrá restituir la producción interna de combustibles.
Según el colegio de economistas de Santa Cruz, Bolivia cuenta con grandes reservas de gas y de petróleo, pero hay que buscar la forma más eficiente de explotarlas.
“Lo primero será sacar del negocio a la empresa estatal YPFB porque son ineficientes”, dice Akamine. “Se podría importar crudo y refinar acá, hay mucho que se puede hacer para solucionar el tema de los carburantes y que no afecte tanto a la población la subida del costo de la gasolina, que deberá subir de manera escalonada, hasta nivelarse al precio internacional y cortar totalmente el subsidio estatal”.
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Desconfianza e informalidad
El Latinobarómetro 2024 indicó que Bolivia estaba en el último lugar, entre 18 países de la región, al evaluarse su situación económica, la percepción de progreso, la satisfacción con la democracia, y la confianza en la justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas.
Según el estudio, solo el 2% de los bolivianos piensa que la situación económica es buena o muy buena y ocupa el último lugar en la región. La media latinoamericana es de 14%.
Para la politóloga e investigadora social Vania Sandoval, una de las tareas más duras va a ser recuperar la institucionalidad, que está muy venida a menos.
“Nadie cree en las instituciones en Bolivia”, dice Sandoval. “Los estudios indican que cada vez se aprecia menos a la democracia. Tenemos que replantearnos lo que queremos construir como país y lo que queremos señalar cuando decimos una democracia inclusiva, participativa, intercultural”.
Patricia Hurtado, empresaria y analista, explica que el otro gran problema en Bolivia es la informalidad, que alcanza a más del 70% de la población ocupada.
“La mayoría de la población que está en economía informal son las mujeres porque muchas de ellas se autoemplean como una forma de generar ingresos, y al mismo tiempo, conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares”, dice Hurtado. “Eso implica que no tienen acceso a la salud, Seguridad Social, al crédito y mucho más”.
Según datos de CAINCO, estas emprendedoras eligen la informalidad debido a los altos impuestos que tienen que pagar y que no se ven en obras o servicios sociales de calidad.
Hurtado considera que el nuevo gobierno deberá plantearse políticas para avanzar de manera escalonada hacia la formalización y coincide con otros expertos de hacer una reforma tributaria para tomar en cuenta la capacidad real de pago de la ciudadanía, simplificar los trámites y permitir la digitalización para que formalizarse sea rápido y accesible.
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