Ecuador — El próximo presidente de Ecuador se enfrenta a la necesidad de profundizar y fortalecer el proceso de ajuste fiscal para asegurar una trayectoria de deuda sostenible, en medio de presiones para cumplir con las obligaciones, un tema que será decisivo en la recta final de elecciones que medirán el próximo 13 de abril al actual presidente, Daniel Noboa, y la opositora, Luisa González.
Ecuador, al igual que otros países de la región, enfrenta importantes desafíos fiscales agravados por los efectos de la pandemia y las estrategias económicas adoptadas en función de las herramientas de amortiguamiento disponibles. No obstante, en el caso de Ecuador este asunto ha cobrado especial relevancia en la medida en la que el país acumula un déficit fiscal consecutivo.
“El país viene de un año de ralentización económica fuerte, varios años acumulados de ingresos fiscales decrecientes y sin muchas opciones para diversificar las fuentes de ingresos públicos de una manera sostenible, ordenada y equilibrada, bajo una visión estratégica y clara de largo plazo en el horizonte”, dijo Laura Lizarazo, analista de Riesgo Global de la consultora Control Risks.
Explica que las cuentas públicas de Ecuador siguen siendo altamente dependientes de los ingresos petroleros y la deuda doméstica e internacional, con 55% del financiamiento de 2024 proveniente de bonos de deuda interna por US$3.000 millones.
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| Propuestas de Daniel Noboa | Propuestas de Luisa González |
|---|---|
| -Asegurar la sostenibilidad fiscal para garantizar y ampliar la provisión de servicios públicos esenciales a largo plazo. | -Revisar las políticas de subsidios con criterios de estrategia y justicia (re)distributiva, priorizando sectores como agricultura y transporte. |
| -Incrementar la transparencia de la deuda pública mediante la publicación mensual de datos claros y accesibles. | -Realizar una auditoría integral de la deuda pública desde el 2017. |
| -Transparentar los atrasos en los pagos del sector público y establecer estrategias para reducirlos. | -Establecer como principio irrenunciable para cualquier negociación con los acreedores de la deuda pública, la prioridad del trabajo digno y el crecimiento inclusivo como condición necesaria para cumplir cualquier compromiso. |
| -Aprovechar instrumentos de financiamiento temático (azules, verdes, violetas, entre otros) para financiar proyectos de inversión. | -Impulsar la transición hacia una economía postpetrolera. A su vez, estimular la producción no petrolera con incentivos para sectores de valor agregado. |
| -Proteger la dolarización e impulsar el sistema financiero nacional, con regulación clara y eficiente, como motor para el desarrollo y la estabilidad. | -Recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización. |
| -Fomentar un gasto público eficiente que permita responder a las necesidades actuales y del largo plazo sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas, al mismo tiempo que se evita el endeudamiento excesivo. | -Promover políticas fiscales progresivas, que aseguren una carga equitativa sobre aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. |
“Esta situación probablemente persistirá en 2025 y más allá”, anticipó Lizarazo, quien considera que la capacidad de ejecución del gasto público en Ecuador sigue siendo muy deficiente, con un aparato productivo poco diversificado y altamente vulnerable a los choques externos y externos. Además, “con una frágil capacidad de vigilancia y control del uso de los recursos públicos y una débil veeduría ciudadana”, agregó Lizarazo.
Una administración más enfocada con la estabilidad y la consolidación fiscal en el corto plazo, como se esperaría que ocurra con Noboa, estaría más dispuesto a aplicar medidas de choque como la reducción del tamaño y los gastos del Estado bajo políticas de austeridad, el desmonte total de los subsidios y una reforma tributaria para aumentar la carga impositiva y la diversidad de las fuentes de ingresos tributarios de manera contingente.
En cambio, un gobierno que esté dispuesto a aumentar el gasto, como ocurrió en el pasado con la Administración correísta, corre el riesgo de profundizar los desequilibrios fiscales que esto conlleva. Aunque para dinamizar la producción y el consumo podría invertir en sectores y proyectos estratégicos (infraestructuras críticas y sociales) que generen empleo e impulsen el crecimiento.
De acuerdo con proyecciones de Oxford Economics, citadas por Control Risks, el déficit fiscal este año probablemente será mayor que en 2024 (pasando de -1,4% del PIB al 2,4%,), impulsado por el cierre del yacimiento petrolífero de Yasuní, el fin de las partidas excepcionales de ingresos de 2024 (aumento temporal del IVA) y el retraso en los recortes de los subsidios a los combustibles, que se considera una medida social y políticamente costosa que la administración entrante seguramente dilataría.
Según Control Risk, Ecuador actualmente es el cuarto principal deudor global del FMI, con compromisos que ascienden a los US$8.600 millones en febrero de 2025 (versus US$7.700 millones en abril de 2024). Sólo a finales de este año, tendrá que haber pagado US$1.187 millones de esa deuda, con pagos anuales similares hasta cubrir unos US$5.000 millones en 2028.
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Los mercados están atentos a las políticas fiscales de Ecuador
En caso de que se produzca un cambio en la orientación de las políticas económicas, “el mercado estaría preocupado de ver retrocesos en materia de fortalecer los fundamentos macro, particularmente los fiscales”, dijo el economista en jefe para América Latina de Citi (C), Ernesto Revilla.
Garantizar una trayectoria de deuda sostenible contribuiría a promover y garantizar la estabilidad macroeconómica y financiera del país, pero se considera clave que el próximo presidente (a) pueda avanzar en la mejora de la estructura impositiva y la reducción adicional de los subsidios a los combustibles.
Según un informe del Observatorio de la Política Fiscal Ecuatoriano, “el balance presupuestario entre enero y diciembre de 2024 muestra un significativo déficit fiscal, lo que ha llevado a un aumento en la deuda pública y en los pagos de intereses y amortizaciones, cuyo peso para 2025 se vislumbra como difícil de gestionar”.
El impacto de la violencia y los apagones por la crisis energética le cobraron factura a Ecuador, cuya economía se contrajo un 0,7% en el 2024, de acuerdo al Banco Mundial, que proyecta que este año crecería un 2% y en el 2026 un 2,2%.
Al cierre del año pasado, la deuda pública ecuatoriana con relación al PIB era de un 50,58% o el equivalente a US$62.260 millones (en 2023 era del 51,23%). El saldo total de la deuda externa era de US$48.141 millones, mientras que la interna llegó a US$13.287 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La deuda pública agregada, más otras obligaciones, llegó el año pasado a US$85.264 millones.
Mantener la corrección del rumbo fiscal de Ecuador
Noboa implementó un plan de consolidación fiscal que redujo el déficit presupuestario de US$5.747 millones en 2023 a US$3.107 millones en 2024, mientras que los ingresos tributarios subieron alrededor de US$2.000 millones el año pasado.
Entre sus medidas destacó la reducción del subsidio a la gasolina, el aumento del IVA del 12% al 15%, impuestos temporales a empresas, bancos y cooperativas, así como ajustes en el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Además, su administración obtuvo un préstamo del FMI por US$4.000 millones, con US$1.500 millones desembolsados hasta diciembre de 2024.
Pero de cara al nuevo Gobierno y considerando “el pobre crecimiento de los últimos años”, se presenta el desafío de implementar reformas estructurales, de acuerdo el economista sénior en el banco de inversión BancTrust & Co. , Mariano Ortiz Villafañe.
En estas reformas se refiere al régimen laboral, al sistema eléctrico y sector petrolero, así como la reducción del intervencionismo estatal para dinamizar la actividad, atraer inversiones directas y mejorar la competitividad de la economía.
Uno de los desafíos para Ecuador es navegar en un entorno global más incierto, ya que al no tener política monetaria y estar dolarizado, está más sujeto a cualquier cambio en la arquitectura financiera internacional.
Reducir vulnerabilidad y recuperar acceso a mercados
Mariano Ortiz Villafañe señaló que, debido al historial reciente de crisis de deuda y reestructuraciones, Ecuador enfrenta altos costos de financiamiento.
Por ello, lograr un mayor margen fiscal sería clave para disminuir su vulnerabilidad ante shocks externos y fortalecer progresivamente su perfil crediticio.
A mediano plazo, restablecer el acceso a los mercados internacionales de deuda ayudaría a disipar las incertidumbres sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que favorecería la confianza de los inversionistas.
Además, incorporar un organismo independiente de análisis fiscal, como los existentes en EE.UU., Canadá, Reino Unido o España, contribuiría a mejorar el debate público y parlamentario sobre política fiscal y endeudamiento, y promovería decisiones más informadas y transparentes, consideran desde BancTrust & Co.
Pero todas las medidas contempladas van a depender de qué tan ortodoxo o heterodoxo en materia de política macroeconómica sea el gobierno de turno, según la analista Laura Lizarazo.
De cualquier forma, opina que ninguna de estas medidas por sí solas generan una solución sostenible a la vulnerabilidad fiscal del país, ya que, si no se abordan estos problemas estructurales, “la fragilidad de las cuentas públicas ecuatorianas persistirá”.
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