Bloomberg — La sorpresiva fuga de un grupo de aliados de María Corina Machado de la embajada argentina en Caracas le dio un nuevo impulso a los bonos venezolanos.
La noticia de que cinco colaboradores de Machado lograron huir tras 15 meses refugiados contribuyó a la subida en el precio de los bonos del gobierno la semana pasada. Los bonos al 2027, los más líquidos, subieron más de 2 centavos de dólar, su mayor alza en más de un año, superando con creces los retornos de otros títulos de deuda pública de alto rendimiento, según datos de Bloomberg.
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Los detalles sobre su fuga aún no están claros, y EE.UU. y Venezuela han dado versiones contradictorias sobre si fue el resultado de una rara coordinación entre Caracas y Washington o el resultado de una misión de rescate patrocinada por EE.UU.
Aun así, los inversores rápidamente compraron las notas. Como mínimo, el incidente fue un recordatorio de que posibles negociaciones entre los adversarios podrían conducir finalmente a avances políticos, lo que daría un respiro a los acreedores que llevan mucho tiempo tratando de iniciar conversaciones para una reestructuración de la deuda.
“Hemos estado operando en un entorno en el que ‘cero noticias son malas noticias’”, dijo Jason Keene, estratega de Barclays. “Así que esto era noticia”.
Es otro capítulo en la saga de más de US$60.000 millones en bonos venezolanos en mora desde 2017. El gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene bloqueado el acceso a los mercados financieros de EE.UU. debido a las sanciones.
Un grupo de acreedores que posee cerca de la mitad de la deuda ha pedido a Washington una exención especial que le permita entablar conversaciones con el gobierno venezolano. Sin embargo, las sanciones obstaculizan una reestructuración real.
La solicitud, que no se había dado a conocer anteriormente, se presentó el año pasado, antes de las elecciones venezolanas de julio, ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, según Hans Humes, presidente de Greylock Capital Management y miembro del comité.
El estado de la solicitud no está claro y no hay un plazo para que el Tesoro la apruebe o la deniegue. Un portavoz del Tesoro dijo que el departamento no puede comentar sobre licencias específicas.
Humes dijo que la mayoría de las empresas en el grupo que poseen los bonos son de EE.UU., entre ellas Mayo, Van Otterloo & Co. LLC, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates Inc. y Fidelity Investments, Fidera Ltd. y VR Capital Group. Añadió que se podría invitar a miembros de la oposición política respaldada por EE.UU. a participar en las negociaciones.
“Cualquier política seria de America First requiere que empresas estadounidenses dirijan las negociaciones para determinar cómo Venezuela paga lo adeudado”, dijo. “Permitir un acuerdo de acreedores con Caracas es el único enfoque que tiene sentido”.
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Carl Ross, socio y analista de crédito soberano de Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., dijo que una reestructuración ayudaría en última instancia a la economía de Venezuela.
“Sin embargo, como fiduciarios, es importante que preservemos y protejamos nuestras reclamaciones”, dijo, “y también que garanticemos que los fondos con sede en EE.UU. tengan un lugar en la mesa”.
Enviado de Trump
Por ahora, operadores analizan las versiones de los acontecimientos de la semana pasada para ver si sentarían las bases para un acercamiento entre los países.
El enviado saliente del presidente Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, dijo en una entrevista con Bloomberg que los asesores fueron sacados clandestinamente de la embajada sin el conocimiento del gobierno venezolano.
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Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela afirmó que el grupo fue liberado como resultado de las negociaciones con Washington.
“Cualquiera de las hipótesis es percibida como positiva”, dijo Francesco Marani, quien posee deuda de Venezuela y Petróleos de Venezuela SA para la empresa española Auriga Global Investors SV SA.
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