En las últimas semanas, Latinoamérica se ha privado de obtener mayores beneficios de los actuales precios récord del oro ante la expansión de la minería ilegal, que genera estragos en la economía y el medioambiente.
Se estima que la minería ilegal aporta aproximadamente el 80 % del oro extraído en Colombia, el 50% en Bolivia, el 40% en Perú, y el 30% en Brasil, mientras que, en Venezuela, prácticamente toda la producción es considerada ilegal debido a las sanciones internacionales, según la Coalición por la Transparencia Corporativa y la Responsabilidad Financiera (FACT, por sus siglas en inglés).
“La minería ilegal genera más de US$7.000 millones al año en ingresos ilícitos en Sudamérica”, dijo a Bloomberg Línea Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en FACT.
Según esa alianza no partidaria que reúne a más de 100 organizaciones estatales, nacionales e internacionales, el valor financiero del oro ilegal varía de alrededor de US$4.800 millones al año en Perú, entre US$1.000 y US$2.000 millones anuales en Venezuela y aproximadamente US$1.000 millones en Ecuador.
Este dinero entra en los bolsillos de grupos de crimen organizado, grupos terroristas, y otros actores, haciéndolos ricos y poderosos. Esto representa una amenaza significativa a la seguridad pública.
Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en FACT.
La minería ilegal de oro en América Latina está dominada por una compleja red de actores que incluye grupos de crimen organizado, guerrillas, redes de contrabando internacional, actores estatales corruptos y empresas cómplices.
La minería ilegal asociada a la extracción de oro genera a su vez choques sociales y ambientales profundos, generalmente debido al control de estos territorios por parte de las bandas criminales.
El fenómeno ha creado economías ilícitas con consecuencias devastadoras como el trabajo infantil, la prostitución y la drogadicción.
La situación se complica aún más por la existencia de redes de contrabando que conectan a estos actores con mercados internacionales, permitiendo que el oro ilegal se mezcle fácilmente con el legal mediante documentación falsa y empresas fantasma, dijo Yansura.
El oro es considerado uno de los activos refugio en tiempos de incertidumbre como los actuales, marcados por los efectos de la guerra comercial, pero la mancha que deja el comercio ilegal del oro en la región la priva de obtener mejores beneficios en este rally de los precios, que está atravesando esta materia prima en la actualidad, llegando incluso a superar el techo de los US$3.500 por onza.
En medio de los precios récord, “América Latina está perdiendo esta gran oportunidad, sobre todo Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador”, dijo Giovanni Franco Sepúlveda, director del Grupo de Planeamiento Minero (Giplamin) en la Universidad Nacional de Colombia.
Todo esto se ve agravado por la ausencia de una política regional clara sobre la explotación de los recursos naturales del subsuelo, como el oro, la plata o el platino, según Sepúlveda, de la Universidad Nacional
Además, se evidencia la aparente ausencia de una política regional que busque agregar valor a las materias primas extraídas.
El caso del oro es especialmente preocupante, dado que América Latina exporta grandes volúmenes en bruto, en forma de lingotes o concentrados, hacia destinos como India, China y Europa, donde es refinado y reimportado como joyería o componentes tecnológicos.
Esta dinámica revela una dependencia extractiva sin desarrollo industrial y una oportunidad perdida para fortalecer cadenas de valor internas.
En Colombia, grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN controlan zonas mineras, imponen “impuestos” a los mineros y gestionan rutas de contrabando, mientras que en Perú las redes transnacionales de contrabando y corrupción facilitan el flujo de oro ilegal hacia mercados internacionales. En Venezuela, el oro ilegal se convierte en una fuente clave de ingresos para el régimen de Nicolás Maduro, con el Arco Minero del Orinoco operando como un foco de extracción ilegal bajo control de élites políticas, militares y megabandas como el Tren de Aragua.
Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en FACT.
Las rutas del oro ilegal
FACT identifica tres rutas principales para la comercialización del oro ilegal en América Latina: exportaciones formales (el oro ilegal se mezcla con el legal utilizando documentos falsos o permisos fraudulentos), transporte aéreo privado y viajeros que llevan oro como joyería o equipaje.
Si bien el transporte en aviones privados ha ganado popularidad como una forma discreta y rápida de mover grandes cantidades de oro sin pasar por controles estrictos, se ha identificado que la tendencia más notable es el uso de “viajeros” aprovechando los requisitos laxos de declaración en muchos aeropuertos.
Otra de las problemáticas en relación con el comercio es la existencia de importaciones ilegales de insumos clave para la explotación, como el mercurio o explosivos, que alimentan la minería de oro ilegal.
Extraer oro de forma sin autorización legal exige el movimiento y el lavado de grandes cantidades de tierra para recuperar el mineral, así como el uso de agentes separadores como el mercurio y el cianuro.
Ese movimiento de tierras genera daños ambientales críticos, entre ellos la deforestación, la contaminación de ríos con mercurio y la erosión del suelo.
En este contexto, el investigador de la UNAL también se cuestiona por qué si la mayoría de los países latinoamericanos han firmado el Convenio de Minamata, que prohíbe explícitamente el uso de mercurio, sigue existiendo un mercado ilegal tan activo en 2025.
El flagelo de la minería ilegal de oro en Colombia
De un total de 94.733 hectáreas (ha) que se destinaron en Colombia a la explotación de oro de aluvión (EVOA) en 2022, un 73% se clasifican como de explotación ilícita (69.123 ha), un aumento de 5.000 ha en relación con el año anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En el país, la difusa frontera entre la informalidad y la ilegalidad en ese mercado dejó un saldo de unas 10 toneladas no declaradas que se vendieron en el mercado internacional en el 2023, según cifras de la Procuraduría General de la Nación (PGN), citadas en un artículo académico de Giovanni Franco Sepúlveda, de la Universidad Nacional.
En el actual contexto, se advierte que el repunte en los precios del oro está alimentando un crecimiento acelerado de la minería informal, que busca capitalizar este momento de alta rentabilidad.
Estragos en el medioambiente
La extracción ilegal de oro también provoca en la región impactos en el medioambiente por cuenta del uso descontrolado de mercurio (usado para separar el oro de la roca) y de explosivos.
Esta actividad genera cicatrices profundas en las afluentes de agua y destruyen los ecosistemas.
Según el informe de UNODC sobre Colombia, en 2022 se identificaron 46.550 ha de explotación de oro de aluvión en tierra en zonas excluibles de la minería (49% del total nacional) y la mayoría de estas se localizan en Zonas de Reserva Forestal.
En la Amazonia, sus habitantes evidencian cómo sus suelos, bosques, biodiversidad, aguas y formas de vida soportan presiones cada vez mayores ante el desmedido avance de actividades extractivas, que sitúan a la minería de oro como una de las más extendidas y de mayor impacto.
Según cifras aportadas a Bloomberg Línea por la organización ambientalista WWF, más del 80% del oro extraído de la Amazonia, una región que comprende más de 8.470 kilómetros cuadrados, que comparten ocho países y un territorio de ultramar, tiene como destino Europa y Norteamérica.
“Y desde la ilegalidad, su comercio financia actividades delictivas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la extorsión y la guerra entre bandas”, dice Mauricio Madrigal, especialista en Democracia Ambiental y Derechos Humanos de WWF Colombia.
Respuesta latinoamericana a la minería ilegal de oro
En Latinoamérica, las respuestas institucionales más comunes frente a la minería ilegal de oro en América Latina suelen ser operativos militares o policiales que resultan en la destrucción de maquinaria y el arresto de trabajadores locales en los sitios de extracción.
Sin embargo, la analista Yansura considera que estas intervenciones tienen un impacto limitado, ya que generalmente se enfocan en actores de bajo nivel dentro de la cadena criminal, y que no desmantelan las redes de financiamiento y comercialización que sostienen esa economía ilícita.
Una estrategia más efectiva ha sido la aplicación de enfoques basados en “seguir el dinero”, es decir, rastrear las transacciones financieras y las rutas de comercialización del oro ilegal.
Esto permite identificar y procesar a actores de alto nivel, incluidos empresarios que facilitan la exportación del oro, refinerías que aceptan metal de origen dudoso y redes de contrabando que mueven el oro hacia mercados internacionales.
Ante la magnitud del problema, el académico Giovanni Franco Sepúlveda sugiere respuestas de alcance latinoamericano, al sugerir que los bancos centrales compren oro a un precio por encima de la cotización internacional (entre uno y tres puntos porcentuales) para incentivar la formalización minera.
Sepúlveda cree que, con esta medida, se pueden incentivar los procesos de formalización de la mano de empresas legalmente constituidas para mejorar esos indicadores de oro legalmente extraído y fortalecer la reserva de los bancos centrales de los países latinoamericanos.
Desde WWF indican que también es evidente la necesidad de establecer sistemas de monitoreo y bases de datos regionales que ayuden a llevar una trazabilidad más clara y en consecuencia la toma de decisiones.
Es preciso, además, controlar la venta y el transporte de maquinaria pesada en las zonas donde se ha documentado la minería ilegal, así como definir medidas más agresivas contra los delitos medioambientales derivados de esta.
“Hoy, más que nunca, es necesario conocer el origen de los bienes que consumimos, sin distinguir su valor de mercado, pues al final ‘todo lo que brilla’ proviene de la naturaleza”, dijo Madrigal, el especialista en Democracia Ambiental.
