Bloomberg Línea — Después de más de una década de respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia canceló el acuerdo vigente de la Línea de Crédito Flexible (LCF), un instrumento precautorio que ofrece apoyo financiero a países con desempeño macroeconómico sólido y con necesidades potenciales o reales de balanza de pagos.
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Desde su creación en 2009, Colombia mantuvo acceso a la LCF mediante 11 acuerdos con el FMI, con montos que variaron según los choques y riesgos de cada momento. La única vez que el país desembolsó recursos fue en diciembre de 2020, durante la pandemia de COVID-19. El último monto aprobado fue en abril de 2024 por DEG 6.133,5 millones (unos US$8.100 millones).
El 30 de septiembre de 2025, las autoridades colombianas decidieron cancelar el acuerdo vigente, argumentando que el FMI había suspendido el acceso a los recursos desde abril de ese año y que las reservas internacionales cercanas a US$65.500 millones eran suficientes para atender un eventual choque externo.
El costo de quedarse sin red de seguridad
De acuerdo con el centro de pensamiento ANIF, en el corto plazo, la decisión reduce costos al dejar de pagar comisiones de compromiso por mantener el cupo y al permitir un reembolso prorrata del período en curso.
Sin embargo, el análisis advierte que la medida envía un mensaje a los mercados respecto a la fragilidad de las finanzas públicas, lo que podría convertirse en un problema para los próximos gobiernos.
“Tener la línea activa transmitía que el país, además de un manejo macroeconómico prudente, estaba dispuesto a reforzar sus políticas para mejorar los frentes más débiles, como el fiscal”, señala el documento.
Un contexto fiscal más débil
Según la consulta del Artículo IV del FMI, Colombia enfrenta un contexto económico mixto: por un lado, crecimiento fortalecido, inflación descendente y una política monetaria restrictiva y adecuada; por el otro, mayor endeudamiento, debilitamiento de la inversión privada y suspensión de la regla fiscal, factores que han deteriorado el marco y la política fiscal respecto de la evaluación previa.
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En ese contexto, advierte ANIF, la cancelación del acuerdo prescinde de un instrumento contingente adicional frente a choques que afecten la balanza de pagos, y exige una mayor austeridad fiscal en los próximos años.
Menor blindaje ante crisis globales
El análisis de ANIF destaca la relación de complementariedad entre la acumulación de reservas internacionales y la LCF desde su creación, la cual amplió la liquidez externa del país.
El informe recuerda que, en períodos de bajo crecimiento de reservas —como entre 2016 y 2018—, la existencia de la LCF habría evitado una financiación externa más costosa por las mayores tasas de interés.
“Prescindir de esa red multilateral traslada todo el peso a las reservas internacionales y a la credibilidad del marco fiscal, lo cual es una apuesta arriesgada, sobre todo en un contexto de déficit fiscal”, advierte el documento. “Prescindir de un respaldo multilateral como la LCF reduce la opcionalidad, debilita la señal de disciplina y deja al país más expuesto a choques que puedan coincidir con un empeoramiento en las finanzas públicas o de confianza”.
Una apuesta a la credibilidad interna
Con esta decisión, Colombia deja atrás más de 15 años de acceso a una línea de respaldo internacional, lo que refuerza su dependencia de las reservas internacionales y de la credibilidad fiscal interna.
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En un entorno de mayor deuda, diferenciales más altos y regla fiscal suspendida, la decisión de prescindir del apoyo del FMI podría afectar la percepción de riesgo país y la capacidad de respuesta ante eventuales crisis externas.
ANIF concluye que, sin ese respaldo multilateral, Colombia enfrenta un escenario más vulnerable, en el que la confianza de los inversionistas y la disciplina fiscal serán determinantes para mantener la estabilidad económica.
