Bloomberg Línea — El mercado financiero viene anticipando que en 2026 el péndulo político se inclinará por un candidato más hacia la derecha en Colombia, pero una reciente encuesta muestra que el candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda, lidera la intención de voto y vence a todos sus contrincantes en una eventual segunda vuelta.
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Juan David Ballén, director de Estrategia de Aval Casa de Bolsa, asegura que independientemente de si es de izquierda o de derecha el próximo presidente “el mayor desafío es la sostenibilidad fiscal del país: el déficit y el saldo de deuda son muy elevados, y las fuentes de ingreso son limitadas”.
Invamer publicó esta semana una encuesta en la que el candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto con el 31% en primera vuelta. En una eventual segunda vuelta vencería a sus principales contendores, al candidato de centro Sergio Fajardo y a Abelardo De la Espriella, de derecha.
Alerta al tema fiscal
El primer punto de preocupación entre los analistas económicos es el fiscal. El deterioro de las cuentas públicas ha sido uno de los temas más sensibles durante el gobierno actual, y un escenario de continuidad acentuaría el riesgo.
La advertencia no es menor: en un contexto de deuda creciente y menor crecimiento económico, el peso del financiamiento público se hace todavía más oneroso. Ballén agrega que esta situación obligará al gobierno a “destinar una proporción cada vez mayor de sus recursos al pago de intereses, debido al deterioro de la prima de riesgo”.
Desde una perspectiva similar, Daniel Velandia advierte que si en 2026 se mantiene un gobierno que le dé continuidad a la política fiscal actual, “definitivamente esperaríamos que no se dé una consolidación fiscal como se requiere, lo que implica importantes amenazas para el comportamiento de la deuda pública que seguiría aumentando y (que) podría converger rápidamente a niveles superiores incluso al 65% del PIB en los próximos años”.
La advertencia es clara: sin un cambio de rumbo —ya sea vía reducción de gasto o aumento significativo de ingresos— Colombia podría enfrentar un deterioro sostenido de su posición fiscal.
En el escenario de continuidad, Velandia señala que “no haya una voluntad política para reducir el gasto público, y eso nos mantendría en una agenda muy difícil desde el punto de vista fiscal”.
Esta preocupación es compartida por Wilson Tovar, director de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores, que dice que uno de los mayores riesgos es “la sostenibilidad fiscal del país, que seguirá en riesgo ante la clara postura del beneficio social a costa de impuestos y nuevas reformas”.
Es decir, una expansión del gasto social financiada vía tributación o deuda, en un entorno con bases fiscales limitadas.
El director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, incluye, dentro de los principales riesgos, el tema fiscal y añade que, incluso, un escenario electoral “favorable” no implica una mejora inmediata, sino simplemente frenar el deterioro.
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“No habría punto de inflexión”, dice Pérez. “Un desenlace favorable de las elecciones no significa una mejora fiscal, sino simplemente el punto de quiebre entre un deterioro adicional y una senda de varios años de mejora lenta”.
En síntesis, en el frente fiscal la preocupación no es sólo la situación actual, sino el efecto acumulativo a varios años y el peligro de caer en una espiral de deuda cada vez más costosa.
Impacto en la inversión
El segundo gran riesgo señalado por los analistas es el deterioro de la inversión privada y, por ende, del potencial de crecimiento de la economía colombiana.
Velandia afirma que la inversión privada “seguiría teniendo un mal comportamiento”, y señala que, aunque recientemente se ha observado cierta recuperación en la confianza empresarial ante la expectativa de un giro de gobierno hacia una posición más promercado, un escenario de continuidad volvería a enfriar el apetito inversor.
“Una continuidad de las actuales políticas seguiría manteniendo la inversión relativamente estancada o podría deprimirla en algunos sectores particulares”, dijo.
Esto, añade, resultaría en un menor crecimiento económico, pues “Colombia se está viendo perjudicada por el bajo dinamismo de la inversión y pues eso cuatro años más creo que sería bastante nocivo para el potencial que seguiría disminuyendo”.
La observación coincide con lo señalado por Tovar, de Acciones y Valores, quien advierte sobre “la capacidad del país de retener al talento empresarial y la mano de obra calificada que sin duda seguirá migrando ante el pobre panorama”.
La incertidumbre política y económica podría seguir incentivando la salida de capital humano y empresarial hacia países con mayor estabilidad regulatoria y política proinversión.
Pérez, del Banco de Bogotá también menciona como tercer riesgo la “salida de inversión”, en el sentido de que, en ausencia de señales claras de rectificación económica, parte del capital foráneo —y también local— podría preferir destinos con menores riesgos fiscales y monetarios.
Este proceso ya se expresa en la reducción de la clase media por estancamiento de ingresos reales, un fenómeno que Tovar resume así: “la reducción de la clase media que limitará la expansión de la demanda agregada en condiciones de mayor inflación y tasas de interés”.
Sin inversión y sin expansión de la productividad, el país queda atrapado en un círculo de bajo dinamismo.
El papel del Banco de la República
El tercer gran riesgo identificado por los analistas se relaciona con la arquitectura institucional de la política monetaria y la independencia del Banco de la República o banco central.
Velandia señala que “habría bastante incertidumbre, ruido, preocupación por el hecho de qué ya con el siguiente gobierno si fuera de izquierda, a la vuelta de un par de años en el 2028, tendría mayoría dentro de la junta del Banco de República”.
Aunque enfatiza que no hablaría de una pérdida formal de independencia, advierte que el perfil y postura de los potenciales codirectores podría llevar a “algo más de flexibilidad monetaria, poniendo en riesgo la credibilidad dentro del banco” y —crucialmente— “la meta de inflación”.
Pérez, del Banco de Bogotá, también menciona expresamente la “interferencia en el Banco de la República” como uno de los riesgos principales.
La señal es preocupante porque la inflación ya ha demostrado ser uno de los dolores de cabeza centrales para la economía colombiana desde la pandemia, y el anclaje de expectativas inflacionarias es un activo invaluable.
En términos prácticos, un Banco de la República con mayor inclinación a acomodar el gasto público mediante emisión podría aumentar el riesgo de inflación futura y deterioro de la confianza interna y externa.
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Así, ante la posibilidad de la continuidad de un proyecto de izquierda en 2026, que no cambie el rumbo económico, los economistas coinciden en que Colombia enfrenta tres grandes riesgos económicos: un deterioro fiscal profundo, un estancamiento o contracción de la inversión privada y un entorno de mayor incertidumbre monetaria y potencial erosión de la credibilidad del Banco de la República.
El desafío, como advierte Ballén, no es sólo de corto plazo: implica preparar al país para insertarse en un mundo de cadenas de valor dinámicas y aceleración tecnológica.
